Eliseo Santana A.
El método de encuestas de Morena para elegir a sus candidatos se ha afianzado como uno de los mitos más convenientes de la política contemporánea entre los morenistas. Mientras la narrativa oficial del partido lo defiende como lo más chingón de la democracia participativa, la realidad —denunciada sistemáticamente por militantes, opositores y los propios aspirantes damnificados— revela un mecanismo caracterizado por la opacidad, la falta de información y un diseño metodológico que parece calculado para justificar la decisión previa de las cúpulas. Es, en esencia, un arbitraje centralista disfrazado de ciencia social; un dedazo disfrazado de acto democrático.
La trampa de este sistema no reside únicamente en el
hermetismo histórico que rodea a las llamadas "encuestas espejo",
cuyas bases de datos, muestras exactas y trazabilidad regional jamás se
transparentan de cara a las bases ni a los aspirantes. El verdadero núcleo de
la discrecionalidad se encuentra en el sofisticado esquema de ponderación
cualitativa que desplaza a la voluntad popular directa. En los procesos
internos, la pregunta crucial de intención de voto —el "¿por quién votaría
usted?"— representa apenas una fracción del puntaje final. El resto del
valor se distribuye en atributos sumamente subjetivos y difíciles de auditar,
como la percepción de "honestidad", "cercanía con el
pueblo" o el ambiguo criterio de "competitividad" frente a la
oposición; esos números los ponen las cúpulas, aunque digan que no.
Este diseño de matrices cruzadas genera un escenario
perverso: un aspirante puede ganar holgadamente en popularidad e intención de
voto, pero terminar siendo desplazado si el comité dictamina que sus rivales
tienen mejores calificaciones morales o si se aplica la obligatoria cuota de
paridad de género. Así, el sistema de puntos se convierte en la herramienta
perfecta para vetar perfiles incómodos y legitimar la imposición o el
"dedazo institucional" bajo el argumento de evitar "negativos altos".
Este cuchupo acaba de exhibirse por completo en Baja
California Sur. La reciente y urgente reunión a puerta cerrada entre el
delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Gabriel García
Hernández, y los aspirantes a la gubernatura —la alcaldesa de La Paz, Milena
Quiroga Romero; el diputado federal Manuel Cota Cárdenas; y el alcalde de Los
Cabos, Christian Agúndez Gómez— evidenció la fragilidad de un proceso interno
que hoy se sostiene con alfileres. Aunque el discurso institucional insista en
vender "unidad y disciplina", el manotazo en la mesa dado por el
enviado de la Ciudad de México para "poner en paz" a las facciones
locales expone una realidad incómoda: la guerra sucia y los golpes bajos entre
los equipos sudcalifornianos amenazaban con reventar el partido antes de que se
levante la primera entrevista. El llamado al orden confirma que al menos dos de
los pretensos no están conformes con lo que perciben como la imposición del
tlatoani local.
Para el electorado sudcaliforniano, caracterizado por un
arraigado orgullo regional, la estampa de sus líderes locales alineándose de
forma sumisa ante un operador político del centro del país envía una
preocupante señal de debilidad. Se refuerza la narrativa de que las decisiones
clave del estado no se toman en el territorio, sino en las oficinas de la
capital mexicana. Baja California Sur ha demostrado históricamente ser un
terreno de alternancias drásticas cuando los gobernantes en turno exhiben desorden
institucional o abusan del poder. Hoy, entre la sumisión al centralismo de sus
precandidatos, los expedientes abiertos por corrupción local y la espada de
Damocles que representa la política de seguridad exterior, Morena se encamina a
un proceso interno que, lejos de garantizar la continuidad, podría ser el
inicio de una estrepitosa ruptura con el electorado informado y crítico.
Las encuestas, una vez más, corren el riesgo de ser el
preludio de la imposición; una imposición que podría ser rechazada por los
sudcalifornianos cuando llegue el momento de votar. ¡A fuerza ni los zapatos
entran! No se puede obligar a un pueblo a pensar, sentir o actuar de una forma
que no desea, Adán Rufo Velarde (1993) y Leonel Cota Montaño (1999) lo
confirman, ambos confirmaron que el partido oficial si podía perder, que no era
imbatible… ¿porque Morena seria la excepción?, además parece que como hacen las
cosas, lo están buscando.

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