El Reloj de Washington

 

Eliseo Santana A.

En el tablero de la alta política estadounidense existe un fantasma cíclico que aterroriza a los gobiernos extranjeros, la "Sorpresa de Octubre".

El concepto, bautizado en 1980 por el estratega de Ronald Reagan, William Casey, describe esa maniobra de último minuto —quirúrgica, ruidosa y profundamente efectista— diseñada para sacudir el tablero electoral semanas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

 De cara al crucial martes 3 de noviembre de 2026, el calendario de Washington avanza implacable, y todo apunta a que el escenario elegido por Donald Trump para movilizar a su base no será una guerra lejana, sino la frontera sur.

 En este guion, la narcopolítica mexicana tiene todas las de ganar el papel de chivo expiatorio.

Los incentivos para un golpe de timón espectacular están perfectamente alineados. Para asegurar el control del Congreso en estas elecciones intermedias, la Casa Blanca necesita demostrar que su retórica contra el narcoterrorismo no es papel mojado.

 Enfrente, el Palacio Nacional se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad, sin el músculo financiero ni la fuerza militar para sostener un pulso real con Washington. Con el tiempo jugando en contra, los nombres que integran la lista negra del Departamento de Justicia estadounidense se encuentran hoy más acorralados que nunca. Ante la inminencia del choque, el desenlace parece bifurcarse en dos caminos previsibles.

El primer escenario es el del pragmatismo revestido de simulacro, la entrega pactada. La encendida retórica soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum tarde o temprano chocará con la fría realidad de las matemáticas. Ante la proximidad de la revisión del T-MEC, Washington guarda en el cajón su arma más letal: la amenaza de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas. Para la economía nacional, esa medida significaría la parálisis del motor industrial norteño y una devaluación casi inmediata. Frente a ese abismo, el costo-beneficio es crudo, sacrificar a un gobernador incómodo como Rubén Rocha Moya es un costo político más o menos digerible para la estructura de Morena. Para salvar el orgullo público, el aparato de la 4T activaría una coreografía judicializada, una captura exprés operada por la FGR o el Ejército, presentada ante las cámaras como un "triunfo de la soberanía nacional", que abriría las puertas a una extradición fast-track hacia una corte federal estadounidense.

El segundo camino prescinde de la diplomacia y se adentra en la acción unilateral: la extracción forzada. Si el régimen mexicano opta por el atrincheramiento ideológico y decide cobijar abiertamente a los señalados, las agencias de inteligencia de EE. UU. (DEA y CIA) no dudarán en activar las facultades legales que les otorgan sus directivas de seguridad nacional. El antecedente reciente de los capos sinaloenses extraídos del país dejó claro que la infiltración norteamericana en las venas de la política del Pacífico es total. Una intervención de este calibre no requiere el despliegue de un ejército; basta con una operación quirúrgica encubierta o una traición pavimentada desde Washington. En cuestión de minutos, un objetivo de alto valor podría ser subido a un avión con rumbo a Texas o California. Al gobierno mexicano solo le quedaría el amargo recurso de redactar comunicados de protesta y apelar al desgastado guion del "Masiosare", cuando el acusado ya porte el uniforme naranja de una prisión federal. Las manecillas del reloj electoral estadounidense siguen su marcha, y en política exterior, las sorpresas de octubre se cocinan en agosto.