Imposición
disfrazada de "cooperación"
Por: Eliseo
Santana A.
El Gobierno Municipal de La Paz y el OOMSAPAS pretenden engañar a la ciudadanía con un discurso de amabilidad que, en la realidad, es una imposición forzada. El cobro de los 11.70 pesos mensuales en el recibo no es ninguna "aportación voluntaria" ni una "cooperación solidaria"; es un atropello que carece de toda validez jurídica y democrática por tres razones fundamentales.
En primer
lugar, nos enfrentamos a una flagrante contradicción e ilegalidad fiscal. Una
autoridad no puede obligar a pagar algo que discursiva y normativamente
promueve como opcional. Al estar precargado en el sistema de facturación y no
permitir al usuario rechazarlo para liquidar únicamente su consumo real, este
cobro deja de ser una aportación y se convierte en un crédito fiscal
impositivo. Al no haber sido aprobado por el Congreso del Estado dentro de la
Ley de Ingresos del Municipio, carece por completo del principio de legalidad
tributaria. Por lo tanto, es un cobro ilegal y plenamente combatible ante los
tribunales.
En segundo
lugar, este mecanismo condiciona de forma arbitraria un derecho humano
fundamental. Vincular el acceso al agua potable al pago forzado de un programa
de medición constituye una violación directa a los derechos del consumidor y a
las garantías constitucionales. El agua es un derecho, no una moneda de cambio
para financiar ocurrencias administrativas.
Finalmente,
existe una total ausencia de legitimidad democrática en esta decisión. Quienes
diseñaron, impulsaron y aprobaron esta cuota dentro de la Junta de Gobierno del
organismo no fueron elegidos en las urnas por la ciudadanía. Es inadmisible que
funcionarios técnicos y vocales designados de forma interna tomen decisiones
unilaterales sobre el dinero de los paceños, operando sin el respaldo del voto
popular y de espaldas a la gente.

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