viernes, 21 de agosto de 2026

Con la ayuda de la CFE, el infierno ya no es un castigo para los sudcalifornianos



Eliseo Santana A.

Vivir en Baja California Sur durante el verano se ha convertido en una ruleta rusa eléctrica. Año tras año, los sudcalifornianos padecemos el mismo calvario: apagones masivos, electrodomésticos quemados y un calor asfixiante que paraliza hogares y comercios. Con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el infierno ya no es un castigo de la otra vida para los habitantes de esta media península; es una realidad terrenal y cotidiana bajo el inclemente sol veraniego. Frente al descontento social, la respuesta de los altos mandos de la paraestatal y del partido en el poder (Morena) siempre es la misma narrativa de justificaciones baratas, cínicas: que la culpa es de la demanda "atípica", que son fallas imprevistas o que el rescate soberano está en marcha. Mentiras. Los apagones no son un accidente de la naturaleza; son el resultado directo de una pésima gestión, una nula previsión y una alarmante manipulación de los recursos públicos.

Para entender el colapso del sistema eléctrico en nuestro estado, hay que empezar por hacer justicia a quienes sostienen el servicio a diario. La responsabilidad de esta crisis no recae en los trabajadores de a pie, ni en los técnicos o ingenieros de las plantas locales de la CFE. Ellos operan milagrosamente con recursos limitados, realizando reparaciones de emergencia y arriesgando su integridad para estirar la vida útil de fierros viejos que ya cumplieron su ciclo. La verdadera culpa es de la cúpula administrativa en la Ciudad de México, atrapada en un lineamiento nacional que prefiere desviar recursos hacia proyectos de lucimiento político antes que consolidar la seguridad energética del estado.

Lo verdaderamente criminal es que este abandono ocurre justo cuando el termómetro castiga con más fuerza a la región. El verano en Baja California Sur no perdona, registrando de forma regular temperaturas que superan los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas sofocantes (Fuente: Reportes de Monitoreo de Temperatura Extrema y Canícula, Servicio Meteorológico Nacional - SMN). Bajo este clima hostil, el corte del suministro eléctrico deja de ser una simple molestia para convertirse en una crisis humanitaria y de salud pública. Las familias se quedan sin luz durante horas y horas. Quienes más sufren este ensañamiento institucional son los sectores más vulnerables: los niños propensos a la deshidratación y los adultos mayores o enfermos crónicos cuyos medicamentos —como la insulina— requieren refrigeración constante para no echarse a perder. Pasar una noche de verano a oscuras, sin ventilación y con problemas de salud en casa, es una tortura que la burocracia centralizada de la CFE simplemente ignora en sus cómodas oficinas de la capital.

A la par de la crisis humana, corre un desastre financiero devastador para la economía local. Las interrupciones del servicio le pasan una factura millonaria a los pequeños y medianos comerciantes del estado. Las tienditas de la esquina, los restaurantes de Los Cabos y La Paz, y los prestadores de servicios turísticos reportan pérdidas masivas debido a alimentos e insumos perecederos descompuestos por la falta de refrigeración. A esto se suma el gasto no planificado de miles de pesos en diésel para quienes operan con plantas de luz de emergencia y el colapso de los sistemas de cobro con tarjeta, lo que frena en seco las ventas diarias (Fuente: Estimaciones de pérdidas y reportes de afectaciones en el sector terciario, Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo - CANACO-SERVYTUR de La Paz y Los Cabos). La CFE corta la luz, pero no descuenta las pérdidas de las ventas ni el costo de los aparatos electrónicos que sus variaciones de voltaje queman sin piedad.

Las cifras oficiales no mienten y sirven para tumbar cualquier intento oficialista de calificar esta crítica como "politiquería". La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dejado al descubierto que la CFE comete subejercicios presupuestales alarmantes en Baja California Sur. Es decir, el dinero es aprobado por el Congreso, pero la dirección de la empresa decide simplemente no gastarlo en la entidad. En las auditorías de cumplimiento a las inversiones físicas de la CFE, se constató que para el mantenimiento de Líneas de Subtransmisión y Redes en el estado, se programó originalmente una bolsa de 634.2 millones de pesos; sin embargo, la CFE solo ejerció 173.8 millones. ¿Dónde quedaron los 460.4 millones de pesos que se le negaron al cableado de alta tensión de nuestro estado? (Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, Auditorías de Cumplimiento a CFE Transmisión y CFE Distribución).

El patrón de abandono presupuestal se repite en el corazón mismo del sistema: las subestaciones de potencia, esenciales para que la red no colapse cuando la demanda de los hogares y hoteles se dispara durante los picos de calor. Para este rubro se etiquetaron 260 millones de pesos, pero la administración central solo reportó el gasto de 165.2 millones. El resto del dinero desapareció en la opacidad de los subejercicios de la burocracia central (Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Mientras la CFE presume a nivel nacional un gasto histórico de más de 100 mil millones de pesos en mantenimiento de plantas entre 2018 y la actualidad (Fuente: Informes Anuales de la CFE entregados a la Bolsa Mexicana de Valores y Reportes de Sustentabilidad de la CFE), la realidad de Baja California Sur es que las viejas centrales de combustión interna, como Punta Prieta en La Paz, sobreviven con apenas parches que promedian los 142.8 millones de pesos anuales (Fuente: Programas de Mantenimiento e Inversión de CFE Generación, mecanismo de consulta de la ASF). Es una migaja que apenas alcanza para el mantenimiento correctivo —comprar la pieza cuando ya tronó el motor— y que ignora por completo el mantenimiento preventivo estructural indispensable.

La falta de previsión raya en la negligencia. El consumo eléctrico en la zona de Los Cabos y La Paz crece a un ritmo sostenido de entre 6% y 8% anual debido al boom turístico y demográfico (Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional - PRODESEN, publicado por la Secretaría de Energía). Sabiendo esto con absoluta certeza técnica, la CFE ha operado bajo el "bomberazo": comprando de última hora plantas usadas a particulares como Amaunet en 2022 por 180 millones de dólares (Fuente: Comunicados de Prensa oficiales de CFE y New Fortress Energy) o enviando turbinas móviles temporales en barcos cuando el estado ya está a oscuras.

Las promesas de largo plazo, como la Central de Combustión Interna de Los Cabos por 272 millones de dólares, no resuelven la emergencia actual porque la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) apenas le aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental en julio de 2026 (Fuente: Gaceta Ecológica de la Semarnat, Resolutivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental), lo que significa que esa energía entrará en operación real hasta casi el año 2029 (Si bien nos va, y no desaparece el dinero misteriosamente).

En conclusión, Baja California Sur sigue pagando con apagones el tributo de la incompetencia centralizada. Dinero lo hay, porque fue aprobado, pero las prioridades del presupuesto están en otro lado. Mientras sigan jineteando los recursos del mantenimiento y usando subejercicios para maquillar el gasto nacional, los ciudadanos de la media península seguiremos viviendo bajo el cobijo de las velas, las pérdidas comerciales, las amenazas a nuestra salud y la eterna promesa de un mañana eléctrico que nunca llega.

 


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